Wednesday, February 20, 2013

Reacción a columna de Sandra Rodríguez Cotto

Reacción a columna de Sandra Rodríguez Cotto

por PR Armed Citizen

Frecuentemente, la información provista por las agencias gubernamentales no resulta ser la mas confiable.  Así mismo la que es publicada por la prensa tampoco lo es.  Aunque respeto el derecho de la periodista a dar su opinión, no estoy de acuerdo con lo que expresa en esta columna, pues se inicia la misma estableciendo que Puerto Rico es una tierra de armas, evidenciando así lo cargadas que estarán el resto de las afirmaciones a lo largo del escrito, sustentadas por el absoluto que inicia el artículo.  Evidentemente, no espero que quien lea esto esté de acuerdo con lo que escribo, que también es mi opinión, aunque sea contraria a la de Sandra Rodríguez Cotto, a quien sigo leyendo aunque difiera algunas veces de lo que expresa.

Primero, debo aclarar una información que se da como correcta pero que a la luz de la ley suprema, que es la Constitución de los Estados Unidos de América, no lo es.  A  los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico se les ha impuesto de manera ilegal, forzosa y abusiva el concepto del privilegio al momento de evaluar su solicitud para obtener una licencia para tener y portar armas.  El concepto del privilegio, burdo y repugnante, es aplicado aquí de manera discriminatoria y aparte de ser una práctica temeraria ilegal es también injusta en toda su extensión y aplicación, mas aún cuando se toma de manera subjetiva para determinar si una persona es lo suficientemente afortunada como para cobijarse, ejercer y disfrutar de un derecho.

A partir de las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América de D.C. V. HELLER, 554 U.S. 570, (2008) y MCDONALD V. CITY OF CHICAGO, 561 U.S. 3025, (2010), se resolvió que la Segunda Enmienda a la Constitución de EE.UU. concede un derecho a los ciudadanos americanos a tener y portar armas el cual garantiza la auto-preservación de su vida.  Tal derecho aplica a Puerto Rico a través  de la Cláusula de  Debido Proceso de Ley de la 14ta. Enmienda en virtud del caso DUNCAN V. LOUISIANA, 391 U.S.145 (1968) reconocido por nuestro Tribunal Supremo en el caso de PUEBLO V. SANTANA VÉLEZ 2009 TSPR 158. (Lcdo. Oscar Acarón)

A miles de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico se les ha violentado sus garantías constitucionales por décadas y esta práctica ha sido tomada como correcta.  Muchos ciudadanos han cedido ante un acto tiránico e ilegal y despliegue de poder de parte del gobierno, que NO le corresponde y NO le pertenece.  Las diversas administraciones han generalizado la aplicación del concepto del privilegio y la han dado como buena y conveniente, pero sigue siendo ilegal e inconstitucional, aún cuando se ha propagado la mentira de que su aplicación al momento de evaluar a un solicitante que cumple con todas las de la ley es un proceso legítimo.  Está claro de que la mentira propagada ha sido tomada como una verdad y repetida una vez tras otra en los medios de comunicación.  El problema es mas complejo aún:  a pesar de que se les ha aclarado a los  medios, continúan propagando la información errónea y a su vez, desinformando a la gente que toma todo lo que ve impreso en un periódico de circulación diaria como cierto.   Peór aún:  a pesar de que los políticos saben la verdad, siguen pretendiendo legislar en contra de las libertades constitucionales que le pertenecen al ciudadano americano en su carácter individual bajo el pretexto de que con eso atajan la criminalidad.

¿Qué ocurriría si estos mismos políticos le aplicaran al derecho a la libertad de expresión y de prensa la forma en la que pretenden legislar y restringir inconstitucionalmente el derecho a tener y portar armas?  Se formaría una guerra civil, porque no estamos hablando de privilegios, sino de derechos que garantiza la misma Constitución que incluye con gran prominencia el derecho a tener y portar armas.

Muchas veces los medios no hacen otra cosa que perpetuar conceptos errados e inconcebibles tanto como sería el pretender quitarle a los ciudadanos el privilegio de hacer uso de los medios de transportación porque los mismos ocasionan miles de muertes anualmente en la nación (entre ellos, no olvidemos los seis muertos del residencial El Prado en Río Piedras, 1ro. de febrero de 2013).    Yo podría hacer una lista de objetos, desde los mas vulgares como la piedra que utilizó una joven para matar a un ebrio hace algo mas de un año atrás hasta los efectos deportivos con los cuales se les ha ocasionado la muerte a miles de personas a lo largo de la historia de la discusión del tema del derecho constitucional que le pertenece a cada ciudadano americano en su carácter individual.

En Puerto Rico, la inconstitucional Ley de Armas, la mas restrictiva e ilegal de la nación, jamás tendrá un efecto favorable en la lucha contra el crímen mientras tenga como objetivo al ciudadano decente y honesto como blanco de sus restricciones.  Eso es una estrategia flojísima de parte de los mismos políticos, los de antes y los actuales, que ayer aprobaron la deforma legislativa.  Evidencia una vez mas que ante la falta de creatividad para crear un sistema que combata la criminalidad efectivamente, continúan con la mala costumbre que ya es perenne de estar engañando al pueblo con basuras de enmiendas a una ley que ya hiede de tanto que ha sido manipulada por estos que quieren perpetuarse en el poder.  Lástima da el pueblo que sigue sumido en aguas negras y no se da cuenta por lo entretenido que se encuentra con los ofrecimientos de esta era digital.

Delincuentes como Pablo Casellas se han hecho dueños del privilegio, porque pertenecen a la clase privilegiada que de algún modo u otro se han visto aventajados por las posiciones que ocupan los que les rodean y sus apellidos.  La muerte de Carmen Paredes pudo haberse evitado, pero el privilegio pudo mas que los que tenían a bien aplicar la ley cuando les correspondía.  Parece que si tuvieron la intención de hacerlo, no pudieron porque el privilegio pesó mas.  Si hubiesen aplicado el derecho como correspondía, jamás hubiesemos sufrido la muerte de esa dama, evidentemente no tanto como lo que sufren hoy sus familiares.

Si queremos hacer algo por esta isla, es hora de que se cambie de estrategia.  Desarmar al ciudadano americano decente y honesto con el pretexto de que así se combate al criminal que campea por sus respetos es la calle, es una estrategia flojísima, aunque le parezca políticamente correcto al legislador que habita la Casa de las Leyes y aunque le resulte simpática la idea a los medios noticiosos.  Desarmando a la gente buena, no se les protege del malo que ya en nuestros días no solo roba y viola a sus víctimas, sino que las asesina.  El desarme del ciudadano decente y honesto ha resultado en un alza criminal sin precedentes en las naciones que lo han impuesto.  El desarme de la gente buena es sinónimo de ser co-conspirador con el maldito delincuente al que los estatutos le importan un bledo y sigue asesinando a mansalva al ciudadano decente y honesto sumido en un vil estado de indefensión por las manos ensangrentadas de los políticos inescrupulosos y los que diseminan la mentira de que con la eliminación de las armas legales cesará el mal que asesina a nuestra gente.

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