Reacción a columna de Sandra Rodríguez Cotto
por PR Armed Citizen
Frecuentemente, la
información provista por las agencias gubernamentales no resulta ser la mas
confiable. Así mismo la que es publicada
por la prensa tampoco lo es. Aunque respeto el derecho de la periodista a dar su opinión, no estoy de
acuerdo con lo que expresa en esta columna, pues se inicia la misma estableciendo que Puerto Rico es una tierra de armas, evidenciando así lo cargadas que estarán el resto de las afirmaciones a lo largo del escrito, sustentadas
por el absoluto que inicia el artículo. Evidentemente, no espero que quien lea esto esté de acuerdo con lo que escribo, que también es mi opinión, aunque sea contraria a la de Sandra Rodríguez Cotto, a quien sigo leyendo aunque difiera algunas veces de lo que expresa.
Primero, debo aclarar
una información que se da como correcta pero que a la luz de la ley suprema,
que es la Constitución de los Estados Unidos de América, no lo es. A los
ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico se les ha impuesto de manera
ilegal, forzosa y abusiva el concepto del privilegio al momento de evaluar su
solicitud para obtener una licencia para tener y portar armas. El concepto del privilegio, burdo y
repugnante, es aplicado aquí de manera discriminatoria y aparte de ser una
práctica temeraria ilegal es también injusta en toda su extensión y aplicación,
mas aún cuando se toma de manera subjetiva para determinar si una persona es lo
suficientemente afortunada como para cobijarse, ejercer y disfrutar de un
derecho.
A partir de las
decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América de D.C. V.
HELLER, 554 U.S. 570, (2008) y MCDONALD V. CITY OF CHICAGO, 561 U.S. 3025,
(2010), se resolvió que la Segunda Enmienda a la Constitución de EE.UU. concede
un derecho a los ciudadanos americanos a tener y portar armas el cual garantiza
la auto-preservación de su vida. Tal
derecho aplica a Puerto Rico a través de
la Cláusula de Debido Proceso de Ley de
la 14ta. Enmienda en virtud del caso DUNCAN V. LOUISIANA, 391 U.S.145 (1968)
reconocido por nuestro Tribunal Supremo en el caso de PUEBLO V. SANTANA VÉLEZ
2009 TSPR 158. (Lcdo. Oscar Acarón)
A miles de ciudadanos
americanos residentes en Puerto Rico se les ha violentado sus garantías
constitucionales por décadas y esta práctica ha sido tomada como correcta. Muchos ciudadanos han cedido ante un acto tiránico
e ilegal y despliegue de poder de parte del gobierno, que NO le corresponde y
NO le pertenece. Las diversas
administraciones han generalizado la aplicación del concepto del privilegio y la
han dado como buena y conveniente, pero sigue siendo ilegal e inconstitucional,
aún cuando se ha propagado la mentira de que su aplicación al momento de
evaluar a un solicitante que cumple con todas las de la ley es un proceso
legítimo. Está claro de que la mentira
propagada ha sido tomada como una verdad y repetida una vez tras otra en los medios de comunicación. El problema es mas complejo
aún: a pesar de que se les ha aclarado a
los medios, continúan propagando la
información errónea y a su vez, desinformando a la gente que toma todo lo que
ve impreso en un periódico de circulación diaria como cierto. Peór aún:
a pesar de que los políticos saben la verdad, siguen pretendiendo
legislar en contra de las libertades constitucionales que le pertenecen al
ciudadano americano en su carácter individual bajo el pretexto de que con eso
atajan la criminalidad.
¿Qué ocurriría si
estos mismos políticos le aplicaran al derecho a la libertad de expresión y de
prensa la forma en la que pretenden legislar y restringir inconstitucionalmente
el derecho a tener y portar armas? Se
formaría una guerra civil, porque no estamos hablando de privilegios, sino de
derechos que garantiza la misma Constitución que incluye con gran prominencia
el derecho a tener y portar armas.
Muchas veces los medios no
hacen otra cosa que perpetuar conceptos errados e inconcebibles tanto como sería el pretender quitarle a los
ciudadanos el privilegio de hacer uso de los medios de transportación porque
los mismos ocasionan miles de muertes anualmente en la nación (entre ellos, no olvidemos los
seis muertos del residencial El Prado en Río Piedras, 1ro. de febrero de
2013). Yo podría hacer una lista de
objetos, desde los mas vulgares como la piedra que utilizó una joven para matar
a un ebrio hace algo mas de un año atrás hasta los efectos deportivos con los
cuales se les ha ocasionado la muerte a miles de personas a lo largo de la
historia de la discusión del tema del derecho constitucional que le pertenece a
cada ciudadano americano en su carácter individual.
En Puerto Rico, la
inconstitucional Ley de Armas, la mas restrictiva e ilegal de la nación, jamás
tendrá un efecto favorable en la lucha contra el crímen mientras tenga como
objetivo al ciudadano decente y honesto como blanco de sus restricciones. Eso es una estrategia flojísima de parte de
los mismos políticos, los de antes y los actuales, que ayer aprobaron la
deforma legislativa. Evidencia una vez
mas que ante la falta de creatividad para crear un sistema que combata la
criminalidad efectivamente, continúan con la mala costumbre que ya es perenne
de estar engañando al pueblo con basuras de enmiendas a una ley que ya hiede de
tanto que ha sido manipulada por estos que quieren perpetuarse en el
poder. Lástima da el pueblo que sigue
sumido en aguas negras y no se da cuenta por lo entretenido que se encuentra
con los ofrecimientos de esta era digital.
Delincuentes como
Pablo Casellas se han hecho dueños del privilegio, porque pertenecen a la clase
privilegiada que de algún modo u otro se han visto aventajados por las
posiciones que ocupan los que les rodean y sus apellidos. La muerte de Carmen Paredes pudo haberse
evitado, pero el privilegio pudo mas que los que tenían a bien aplicar la ley
cuando les correspondía. Parece que si
tuvieron la intención de hacerlo, no pudieron porque el privilegio pesó
mas. Si hubiesen aplicado el derecho
como correspondía, jamás hubiesemos sufrido la muerte de esa dama,
evidentemente no tanto como lo que sufren hoy sus familiares.
Si queremos hacer algo
por esta isla, es hora de que se cambie de estrategia. Desarmar al ciudadano americano decente y
honesto con el pretexto de que así se combate al criminal que campea por sus
respetos es la calle, es una estrategia flojísima, aunque le parezca
políticamente correcto al legislador que habita la Casa de las Leyes y aunque
le resulte simpática la idea a los medios noticiosos.
Desarmando a la gente buena, no se les protege del malo que ya en
nuestros días no solo roba y viola a sus víctimas, sino que las asesina. El desarme del ciudadano decente y honesto ha
resultado en un alza criminal sin precedentes en las naciones que lo han
impuesto. El desarme de la gente buena
es sinónimo de ser co-conspirador con el maldito delincuente al que los
estatutos le importan un bledo y sigue asesinando a mansalva al ciudadano
decente y honesto sumido en un vil estado de indefensión por las manos
ensangrentadas de los políticos inescrupulosos y los que diseminan la mentira
de que con la eliminación de las armas legales cesará el mal que asesina a
nuestra gente.
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